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Acciones laborales y empresa en concurso: ¿competencia social o mercantil?

Acciones laborales y empresa en concurso: ¿competencia social o mercantil?
Cuando una empresa entra en concurso de acreedores, la competencia de las acciones laborales se vuelve confusa. En este artículo se explica detalladamente

Cuando una empresa se declara en concurso de acreedores y presenta su caso ante un juzgado, a menudo surgen dudas acerca de la jurisdicción competente para las acciones laborales que los trabajadores quieran llevar a cabo. De esta manera, cuando se quieren hacer actuaciones o reclamaciones con una naturaleza laboral, la duda más común es si el ámbito de competencia sería el de la jurisdicción social o la mercantil. 

¿Qué ocurre cuando una empresa se declara en concurso de acreedores?

Cuando una compañía se encuentra en una situación de crisis económica muy grave una de las alternativas a las que puede recurrir para tratar de evitar la liquidación de la misma es el concurso de acreedores. Para poder acogerse a esta acción, deben existir pruebas fehacientes de que la empresa se encuentra en una crisis. Y, además, esta crisis debe ser muy grave y llegar a implicar el riesgo del cierre de la empresa. 

El concurso de acreedores tiene dos finalidades. La primera de ellas es la liquidación de una serie de deudas que la empresa ha podido contraer con los acreedores. Y, en segundo lugar, tratar de evitar el cierre de la compañía. 

No obstante, en muchas ocasiones la segunda finalidad no se cumple y el resultado final de que una empresa sea concursada acaba siendo el cierre de la misma. Esto conlleva una serie de complicaciones y perjuicios para los trabajadores por diferentes motivos.

El primero de ellos es que muy probablemente no vean saldadas la totalidad de las deudas que la empresa tiene con ellos. El segundo de ellos es que irremediablemente perderán su puesto de trabajo, con todos los inconvenientes que esto puede llegar a suponer para cualquier persona. 

Acciones laborales y derechos de los trabajadores durante el concurso de acreedores

A pesar de la situación económica crítica que pueda estar pasando una compañía, los trabajadores siguen teniendo una serie de derechos que se han de respetar. En caso de que no se respeten, los empleados estarán en su plena potestad de reclamarlos por la vía judicial a la empresa.

Por tanto, es importante conocer y respetar los derechos de los empleados, independientemente de la situación por la que esté pasando la compañía. Los derechos a respetar no son otros que los recogidos en la normativa laboral española. Todos ellos, sin excepción. 

Cabe destacar, por otro lado, que los empleados también tendrán que cumplir con unas obligaciones tales como la de acudir a su puesto de trabajo de forma habitual. No obstante, pueden darse casos en los que el administrador concursal conceda permisos para que se ausenten de sus puestos de forma puntual. Pero si esto no ocurre así, la asistencia deberá cumplirse con normalidad, respetando la jornada preestablecida.

Por último, se debe saber que durante el concurso de acreedores los empleados podrán pedir modificaciones en las condiciones de su contrato, así como la extinción o suspensión de los mismos. Dependiendo de la cantidad de trabajadores que requieran esto y de la gravedad de la situación económica de la compañía, esta podrá llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Según este expediente, cada trabajador tendrá derecho a cobrar una indemnización equivalente a 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. 

Controversia en cuanto a la competencia en las acciones laborales durante un concurso de acreedores

Hasta 2016, si los empleados de una empresa concursada querían hacer algún tipo de reclamación debían dirigirse a la jurisdicción social. Esto se debía a lo recogido en la Ley Concursal, concretamente en el artículo 51.1. 

En este artículo se expone lo siguiente: “Los juicios declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de la declaración de concurso continuarán sustanciándose ante el mismo Tribunal que estuviere conociendo de ellos hasta la firmeza de la sentencia”. 

Así pues, haciendo una interpretación literal de este artículo, las reclamaciones en cuanto a acciones laborales debían llevarse a cabo mediante la jurisdicción social, ya que sería a esta a quien le pertenecería tratar estos asuntos si la empresa no estuviera en acción concursal. 

Sin embargo, una  Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de abril de 2016, ha cambiado la forma en la que se observaba la jurisprudencia en la que se encontrarían estas reclamaciones laborales en el caso de las empresas concursadas. 

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la competencia social y mercantil

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo fue tan novedosa como sorprendente. Lejos de la interpretación literal del artículo 51.1 de la Ley Concursal, esta sala fue más allá y concluyó lo siguiente: 

  • Debido al carácter de vis attractiva que pueden tener los casos en los que una empresa concursada es demandada por los trabajadores desde la jurisprudencia social, cuando se declare el concurso de acreedores, todos los trámites con relación al despido colectivo deberá llevarlos a cabo el Juez del concurso. Para esta interpretación, se basan en el artículo 64.1 de la Ley Concursal. 
  • Basándose en la reforma que se llevó a cabo en el artículo 64.1 en el año 2011, el Tribunal Supremo ha concluido que cualquier reclamación individual llevada a cabo por los trabajadores que se base en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, pasará a considerarse de carácter colectivo desde el inicio del concurso de acreedores.

Por tanto, cualquier extinción laboral demandada por parte de un trabajador pasará a pertenecer a la competencia mercantil desde el momento en el que la empresa se declare concursada. 

Puntos de conflicto entre la competencia social y mercantil

Debido a la complejidad que esconden los casos en los que una empresa concursada es demandada por los trabajadores, los puntos de conflicto entre jurisdicciones podrían ser varios. 

El primero de ellos sería la demanda por despido colectivo presentada por parte de los trabajadores. En el caso de que la empresa esté concursada cuando el Juez de lo social esté tratando dicha demanda, será el Juez del concurso quien tendrá la competencia para modificar, extinguir o suspender los contratos de trabajo. 

El segundo punto de conflicto se daría en el caso de que se interpusiera una demanda por despido disciplinario, de manera anterior o posterior al concurso. En este caso, el juez del concurso no tendría competencia para conocer esta demanda. Por lo contrario, tendría que ser el juez de lo social quien lo tratara y dictara sentencia. 

En el caso de que este despido sea de alguien de la alta dirección, sí podría ser tratado por el juez del concurso. Sin embargo, esta sigue siendo una cuestión dudosa y sobre la que no existe una interpretación clara.

En tercer lugar, podría ocurrir que los ex empleados acudieran a las dependencias de lo social para interponer su demanda y este tribunal se declarara como no competente. Y que, tras esto, se dirigieran a las dependencias mercantiles y allí el tribunal mercantil también se declarara como no competente. 

Ante este caso podría surgir un conflicto de competencia a través del cual se determinaría el tribunal competente para conocer del caso concreto.

Competencia social y mercantil: así quedaría tras la sentencia del Tribunal Supremo

Si la compañía en cuestión entra en concurso de acreedores antes de que los trabajadores presenten su demanda ante un tribunal de lo social, el auto sería considerado nulo y se denegaría el despacho de ejecución. En caso de que el tribunal ya hubiese comenzado a ejecutar el caso, este sería archivado. 

En el caso de que esto ocurriese, los ex empleados tendrían que acudir al juzgado mercantil donde se estuviese llevando a cabo el concurso de acreedores de su empresa y presentar las reclamaciones allí. 

Si el concurso de acreedores se ha declarado después de la interposición de las demandas de los ex trabajadores de la empresa, el juzgado dictaría Decreto suspendiendo la ejecución del caso hasta que el concurso de acreedores se resuelva. Y una vez con el resultado de este concurso, se podrá continuar con la demanda ante la jurisdicción social con total normalidad.

Conocer la ley para saber si una cuestión es de competencia social o mercantil

Cuando ocurre que varios trabajadores son despedidos debido a la grave crisis de su empresa y esta entra en concurso de acreedores, lo que más se desea es que el proceso sea lo más rápido posible. 

Por ello, es necesario conocer la ley y saber a qué juzgado le pertenece la competencia de las reclamaciones que se quiera imponer. La equivocación en esto puede acarrear meses y meses perdidos para los ex trabajadores, lo cual puede suponer graves consecuencias a nivel personal y, por supuesto, laboral. 

Acudir al juzgado pertinente será muy beneficioso para que el caso en cuestión sea tratado lo antes posible y, por tanto, su resolución sea mucho más temprana. Por tanto, conocer la jurisdicción que ha de conocer de las acciones laborales que se quieren llevar a cabo puede ser un factor clave en el ahorro de tiempo y dinero para su solución.