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Claves para la transición energética en España

Claves para la transición energética en España
La transición energética viene de la mano del borrador de la nueva ley de cambio climático y provocará cambios importantes en nuestra economía y sociedad

El proceso para erradicar las formas de energía que emplean combustibles fósiles ya no tiene marcha atrás, y la única pregunta válida sobre esta transición energética es a qué velocidad se va a realizar, tanto desde un punto de vista global como estatal.

La reducción de gases de efecto invernadero

El objetivo central de la transformación energética es la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI). Así queda establecido en el Acuerdo de París firmado en 2016, que representa el compromiso de la reducción de las emisiones GEI como base para la lucha contra el calentamiento global. Sin perder de vista la erradicación de la pobreza y un desarrollo global sostenible, en París se acordó luchar para mantener el aumento de temperatura global por debajo de los 2 °C en relación a los niveles preindustriales.

La posición de la Unión Europea

Desde la UE se considera una prioridad la lucha contra el cambio climático. La UE, tercera mayor responsable de emisiones GEI del planeta por detrás de Estados Unidos y China, se marcó ya en 2008 el objetivo de reducir sus emisiones en un 20 % con respecto a los niveles existentes en 1990 para 2020. Ahora, bajo el paraguas del Acuerdo de París, la nueva meta de la UE es la reducción de un 40 % en las emisiones GEI en relación a 1990 para el año 2030. Este objetivo viene complementado con la búsqueda de una cuota del 27 % de energías renovables y una mejora del 27 % en eficiencia energética.

Más a largo plazo, el objetivo que se marca la UE con horizonte en el año 2050 es la reducción en un 80 % con relación a 1990.

La transición energética en España

Hay un detalle que evidencia la asunción de la urgencia en la lucha contra el cambio climático desde el gobierno del Estado: pasar de contar con un ministerio denominado de medio ambiente a otro de transición ecológica. Clara demostración de intenciones que se terminó concretando con el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), una ley marco que, como tal, prevé el desarrollo posterior de gran parte de su contenido. La Comisión Mixta Congreso/Senado no permanente para el Estudio del Cambio Climático ya recomendara la creación de esta ley en el año 2011 para orientar la transformación energética española.

Qué plantea la ley

El objetivo del borrador es armonizar los esfuerzos españoles con los compromisos adquiridos por la UE en la lucha contra el calentamiento global hasta el año 2050. Esto quiere decir que se asumen las obligaciones en reducción de gases invernadero, cuota de energías renovables en cada Estado miembro y cuota de mejora de la eficiencia energética. Y se asumen con la perspectiva de que tal transformación redunde en un beneficio no solo en la lucha contra el cambio climático, sino también con la vista puesta en la generación de empleo, el desarrollo tecnológico y la justicia social.

Reducción de emisiones GEI

Un apartado en el que España no está cumpliendo, ya que en el año 2017 las emisiones estuvieron un 17,5 % por encima de las que se marcaron en 1990. Para revertir esta situación y avanzar en la descarbonización de la economía el borrador de la ley establece una progresión por etapas con las dos referencias temporales ya señaladas: 2030 y 2050. Para 2030 la meta es una reducción del 20 % como mínimo respecto a los niveles de 1990, lo que representa un tercio de las emisiones, mientras que para 2050 el objetivo es una reducción de al menos un 90 %.

Energías renovables

La apuesta por las energías renovables es ineludible. El borrador establece una generación de energía a partir de renovables del 70 % para 2030, con una mejora de la eficiencia energética del 35 %. Y para 2050 la energía deberá ser renovable en un 100 %.

Para avanzar por esta senda hacia la totalidad de la energía eléctrica generada con energías limpias el borrador marca objetivos anuales, como subastas anuales de 3000 megavatios.

En esta misma línea plantea el impulso de formas de combustible que representen una alternativa consistente, lo antes posible, a los combustibles fósiles. Sería el caso del gas renovable, el biometano o el hidrógeno. Este impulso será muy importante en el sector del transporte, donde se espera contar con una flota de vehículos ligeros 100 % impulsados con energías renovables para 2040. Esto significa establecer una fecha concreta para el final de la automoción con combustible de origen fósil.

¿Qué se prevé que ocurra con los combustibles fósiles?

Los cambios rápidos en una economía que ha estado tanto tiempo basada en combustibles de origen fósil plantean problemas que los Estados deberán afrontar. En este sentido, la transición energética también tiene que tener en cuenta la justicia social, no solo como meta sino también como un elemento a considerar durante el proceso. Por eso, el borrador incluye el estudio de los beneficios fiscales a combustibles fósiles que se podrían aplicar en un futuro atendiendo al interés social o a la ausencia de alternativas viables.

Además, la nueva ley impedirá que se expidan nuevas autorizaciones para producción, exploración o investigación en materia de combustibles fósiles, lo que incluye cerrar la puerta al «fracking», la fractura hidráulica. Las que estén vigentes en el momento de entrada en vigor de la ley podrán ser prorrogadas, como máximo, hasta diciembre de 2042.

Un apartado interesante es el que hace referencia a la participación del sector público en las empresas que están relacionadas con la producción o transformación de combustibles fósiles. Establece que a los dos años de la entrada en vigor de la ley se realizará un estudio que tendrá como objetivo plantear un calendario para que el sector público se deshaga de toda participación en ellas.

En definitiva, se marca el camino hacia la extinción del combustible fósil en la economía española.

El empleo

Otro de los aspectos que aparecen en el plan es el de la generación de empleo. ¿Será capaz la transición energética de crear nuevos empleos? Pues sí. Se estima que se crearán entre 250 000 y 370 000 nuevos puestos de trabajo hasta 2030. Los propios de la industria de las energías renovables; pero también, por ejemplo, en el sector de la construcción debido a las mejoras en la edificación que buscarán la mayor eficiencia energética posible para el parque de viviendas español.

Adiós al impuesto al sol

La supresión del impuesto sobre las instalaciones fotovoltaicas con toda probabilidad supondrá un hito en el avance de esta forma de energía renovable. Va a permitir un aumento del autoconsumo energético en instalaciones de placas solares en viviendas particulares y edificios con autoconsumo compartido, además de una reducción en los costes de la electricidad. Se espera que se multiplique por siete la generación de energía fotovoltaica hasta 2030.

Apuesta aún más decidida por la energía eólica

Actualmente la energía eólica cubre en torno al 20 % de las necesidades eléctricas en España, pero el nuevo marco legal puede suponer un impulso para la instalación de nuevos generadores. La certidumbre que al sector aporta la legislación europea y su prolongación en la española con este anteproyecto garantizan un futuro muy prometedor para los parque eólicos en el Estado: se aspira a duplicar su capacidad en la próxima década.

¿Y la energía nuclear?

Un caso aparte supone la utilización de la energía nuclear. España cuenta con 7 centrales nucleares en activo, pero los planes energéticos pasan por el cierre paulatino de plantas: en diez años la capacidad nuclear española se vería reducida a la mitad.

La energía nuclear no produce gases de efecto invernadero, lo que la hace perfectamente compatible con la transición energética, y además no depende de fenómenos atmosféricos, como la eólica, solar e hidráulica; pero, a cambio, produce residuos cuya gestión requiere de un coste (sobre todo mientras no entre en funcionamiento el almacén de residuos nucleares proyectado en la provincia de Cuenca).

El debate se centra en si se debe de prorrogar o no la vida útil de los reactores, establecida en 40 años, porque sobre la mesa no está planteada la posibilidad de abrir nuevas centrales. En la actualidad, suponen más del 20 % de la producción eléctrica, y aunque hay Estados que han anunciado que renuncian a sus reactores, como es el caso de Alemania, hay otros como Francia que siguen apostando por ella e incluso en Asia la energía nuclear está en crecimiento.

Qué sucede con el carbón

En España el carbón no parece que tenga opciones de seguir siendo una fuente de energía más allá de 2030. El objetivo declarado es cerrar todas las plantas térmicas de carbón, del mismo modo que irán haciendo otros Estados que también han manifestado la intención de erradicar el carbón de su generación de energía por sus altos efectos contaminantes.

En conclusión, el nuevo marco legal sienta las bases para la explosión de las energías renovables en sustitución del modelo basado en el combustible fósil, lo que supondrá cambios no solo en la forma en que producimos energía, sino también en el empleo, el transporte o la edificación. Pero, sobre todo, es un paso importante para enfrentar el peligro inminente del cambio climático sobre la economía y a la sociedad.