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PRL: Poderosas razones

PRL: Poderosas razones
El carácter legal de la Prevención de Riesgos Laborales es el primer punto que considera buena parte de las empresas y organizaciones. Leer artículo...

Sin lugar a duda, el carácter legal de la Prevención de Riesgos Laborales es el primer punto que considera buena parte de las empresas y organizaciones cuando opta por atender cuestiones de este particular, dado que su incumplimiento puede conllevar multas de cuantía más que considerable e incluso penas privativas de libertad. En España las obligaciones en materia preventiva quedaron manifiestamente claras tras la publicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales que supuso un punto de inflexión en el modelo existente hasta su aprobación y particularmente en la relación entre los empresarios, los trabajadores y la Administración Pública.

Esta Ley no surgió como un deseo político tratando de atender una necesidad sino como la obligación de trasponer la correspondiente Directiva Europea 89/391/CEE, conocida como Directiva Marco PRL, tras un largo período de seis años y habiéndose agotado el tiempo límite que había dispuesto la Unión Europea a los distintos Estados miembros. Nuestro país tuvo el dudoso honor de ser el último en realizar este trámite legislativo, fuera de plazo, al haberse agotado el mismo el 1 de enero de 1993. Muchos años más tarde, en el momento actual, este retraso y cierta atonía en relación a un tema tan sustancial se valora en el contexto del desarrollo económico, empresarial y tecnológico de la España de los años ochenta, donde no se había logrado aún integrar en los procesos productivos aspectos que ya comenzaban a sonar en los entornos profesionales de nuestros socios europeos, tales como la calidad, el medio ambiente o la seguridad y salud en los espacios de trabajo y de las que a día de la fecha ya se tiene una experiencia acrisolada.

La trasposición de la Directiva Marco redundó claramente en lo que cada país tenía con carácter previo en materia de salud e higiene en el trabajo, que en el caso de España se limitaba al concepto de seguridad frente a accidentes laborales, atendiéndose puntualmente y de forma más exhaustiva en actividades tradicionalmente consideradas como peligrosas, como la construcción. Con esta Ley se pretendió esencialmente el fomento de la prevención actuando en dos frentes. Uno interno, donde apostar de forma clara por la formación en los entornos profesionales como garante de la interiorización de la Ley y sus preceptos y otro frente externo que redundara en la asimilación social para alcanzar lo que se suele denominar como cultura preventiva.

A la citada publicación le siguió un completo desarrollo reglamentario que se ha ido sucediendo a lo largo de todos estos años y que ha supuesto algunos cambios estructurales y de funcionamiento en todos los actores implicados en la prevención, incluida la propia Administración. El cumplimiento de la legislación en vigor además se ha visto reforzado además por la puesta en marcha de sanciones objetivas establecidas por la normativa LISOS, Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, así como a través del establecimiento de responsabilidad penal que puede llegar a suponer como sanción la pérdida de libertad.

A pesar de lo anteriormente expuesto, esto es el carácter legal y las acciones punitivas derivadas del incumplimiento de la Ley PRL, lo deseable sería que las organizaciones asumieran sus obligaciones en materia preventiva por razones deontológicas o de ética profesional dado que las actividades laborales pueden conllevar patologías físicas, psíquicas o sociales que podrían suponer una importante limitación a la vida de las personas, o en caso extremo, su muerte. La salud y la vida son los bienes supremos a proteger y esta realidad debería de imperar en cualquier decisión empresarial. Este hecho está íntimamente relacionado con la justicia social resultando de todo el punto inadmisible que una persona pusiera en riesgo su salud o integridad física por el mero hecho de atender a su ocupación profesional. El primero de los derechos de los trabajadores y el más inalienable de todos ellos es el del respeto a su salud y así ha sido puesto de manifiesto en todos los foros internacionales en los que este tema se ha tratado incluido el Primer Congreso Mundial de Prevención en donde el Papa Pío XII expresó que nadie podía comprometer la salud o la de un semejante, exponer su vida o la de otro….

No cabe duda a que existen ciertas profesiones en las que hay peligros inherentes que resultan inevitables y que puede ser incluso la decisión del propio profesional el prestar este tipo de servicio, sin embargo, es obligación del empresario, o de la Administración en el caso de sector público, la toma de todas las acciones que resulten necesarias para tratar de minimizar los riesgos. Estas dos motivaciones, la deontológica y la de justicia social, están prácticamente asumidas en nuestro país y continente donde encontramos un mercado de trabajo evolucionado en el que el propio derecho laboral no permitiría actuaciones de ética dudosa, al operarse en un contexto social que afortunadamente ya está sensibilizado con los derechos adquiridos por los trabajadores tras una lucha que se ha prolongado a lo largo de varios siglos. Sin embargo estos hechos sólidamente asentados en nuestra realidad social y nuestro ordenamiento jurídico no están tan asimilados en otros muchos lugares del planeta donde empresas, también españolas, prestan servicios o han externalizado parte de su producción para beneficiarse de la reducción de costes. Las empresas operan en un mundo que se ha globalizado y, por ello, es especialmente importante el compromiso y la responsabilidad social corporativa de las grandes multinacionales que se desarrollan en entornos donde el necesario control sobre las actividades laborales no está aún sistematizado pudiendo provocarse situaciones claramente abusivas.

El imparable cambio tecnológico en la sociedad en este período de la historia es otro argumento a favor de la apuesta por la prevención de los riesgos laborales. La disposición de maquinaria cada vez más potente, la automatización que minimiza o incluso hace innecesaria en muchos casos la necesidad de intervención humana y la disposición de equipos que con cada vez mayor fiabilidad nos permite determinar la idoneidad y adecuación de los entornos de trabajo han revertido de forma muy positiva en las condiciones en las que éste se lleva a cabo. También se suceden casi día a día importantes novedades científicas en el ámbito de la salud lo que se traduce en un conocimiento mucho más exhaustivo de las posibles consecuencias que tendría sobre la misma ciertas condiciones o actividades profesionales. Esta información se acaba incorporando a las normativas regulatorias de sanidad y salud laboral en un plazo más o menos limitado de tiempo. El progreso en este sentido es innegable e imparable.

Como suele suceder en otros muchos ámbitos, los factores económicos juegan también un papel importante en la apuesta por la prevención de riesgos laborales aunque la realización de estudios claros en este sentido tiene para muchos lo que podría denominarse un fondo perverso, dado que el trabajador es un ser humano y por tanto un bien incuantificable y no una parte más de un determinado sistema productivo. No obstante lo anterior, no deja de ser cierto que sí que existen unos costes claros en el caso de no aplicación de las medidas de prevención que se traducen en multas de cuantía variable en función de la gravedad de los hechos pero también en bajas laborales por accidentes de trabajo. Una apuesta decidida y eficaz que tuviera como consecuencia la disminución de accidentes de trabajo y, con ello, en las bajas por enfermedad redundaría positivamente en los resultados de las compañías siendo un elemento que contribuiría de manera notoria al sostenimiento de la Seguridad Social en el medio y largo plazo. También en línea con las tendencias de los últimos gobiernos si se pretende elevar la edad de la jubilación sin disminuir la productividad, tan ligada a la competitividad, necesitamos trabajadores que se encuentren en plena forma física e intelectual y ello se logra, en parte al menos, a través de unas condiciones de trabajo seguras que contribuyan al bienestar no solo físico, sino también psicológico y social del trabajador, en línea con la definición de la salud según la OMS. Las empresa más competitivas suelen ser también las socialmente más responsables y comienzan por prestar atención a sus cuestiones internas implicándose en la defensa de sus trabajadores apostando por lugares de trabajo seguros y atractivos para retener el talento. De igual forma optan de forma decidida por la cualificación en los distintos ámbitos y particularmente el preventivo haciendo hincapié en los riesgos a los que los trabajadores pueden verse sometidos en el transcurso de su actividad laboral.

En definitiva y como conclusión, muchas y de peso son los motivos que puedan conllevar a las organizaciones a la apuesta clara por la prevención de riesgos laborales y, sin duda, también los beneficios que esta decisión puede comportarles.

Comentarios (2)

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ALICIA BLANCA GÓMEZ MUÑOZ

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Buenos días Mariluz Díaz.
Gracias por explicarnos a través de tu artículo el origen en España de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, la importancia de llevarla a cabo dentro de las empresas, y los beneficios, a varios niveles (tecnológicos,sociales y económicos) que a su vez puede generar la aplicación de la misma.
Un cordial saludo

Luz Díaz

Enviado el

Gracias a ti Alicia Blanca por tu interés. Un saludo.