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Reclamación de salarios e indemnizaciones. Empresas insolventes

Reclamación de salarios e indemnizaciones. Empresas insolventes

En la relación laboral, constituye un elemento imprescindible, que la actividad se preste a cambio de una retribución del empresario que normalmente se denomina salario.

El artículo 26 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores establece que se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo.

La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes.

El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado.

¿Qué puede hacer el trabajador si el empresario no le paga?

Una primera opción es presentar denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el artículo 8.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social establece que son infracciones muy graves:

El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido, sancionables con multas entre 6,251 a 187,515 euros.

Las sanciones pueden forzar al pago de salarios, pero si la empresa es insolvente esta medida no permitirá cobrar al trabajador.

Una segunda opción es solicitar la extinción indemnizada del contrato del trabajador, dentro de los derechos laborales básicos del trabajador está la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida y su incumplimiento es causa de extinción del contrato, con la obligación empresarial de abonar la indemnización correspondiente al supuesto de despido improcedente, es decir 33 días por año trabajado con el tope de 24 mensualidades.

Para que pueda prosperar esta acción, que se tiene que plantear ante los Juzgados de lo Social, Los retrasos o impagos han de tener gravedad y transcendencia, exigencia que conecta con su reiteración y persistencia, El tribunal Supremo ha considerado incumplimientos graves que permiten la resolución indemnizada los que superan los 3 meses con independencia que en la fecha de juicio ya este abonado o que se deba a una mala situación económica de la empresa.

En caso de insolvencia de la empresa, esta no abonaría los salarios y la indemnización generada por la extinción del contrato.

La tercera opción es la reclamación de las cantidades adeudadas por la empresa ante los Juzgados de lo Social, siendo necesaria el intento de conciliación ante el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación, siempre dentro del año desde que se pudo reclamar, para evitar la prescripción.

La reclamación de cantidad se puede acumular a la acción de extinción indemnizada del contrato para ventilar ambas cuestiones en un único procedimiento.

¿Es posible cobrar cantidades adeudadas si la empresa es insolvente?

El artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores establece que:

El Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario.

Dicho fondo, constituido por las aportaciones de los empresarios mediante la cotización a la seguridad social, actuara de forma subsidiaria, pero, no cubre todas las cantidades o indemnizaciones debidas al trabajador ya que opera con una serie de límites:

Si son salarios, la cantidad máxima a abonar por el Fondo de Garantía Salarial, es la que resulta de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, con prorrateo de pagas extras, por el número de días pendientes de pago, con un máximo de ciento veinte días. Para el 2018, asciende a: 6.868,8 € (producto de multiplicar 57,24 € -el doble de SMI, con prorrata de extras-, por 120 número máximo de días a reconocer).

Si son indemnizaciones, la cantidad máxima a abonar es una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del Salario Mínimo Interprofesional, con pagas extras. Para el 2018 en concepto de indemnización asciende a 20.892,6 € (365 días por 57,24 € doble del SMI diario con prorrata de extras).

¿Qué documento clave se necesita para reclamar al Fondo de Garantía Salarial?

Hay que distinguir entre la insolvencia legal y la declaración de concurso.

En el primer caso es necesario el reconocimiento judicial, mediante sentencia o auto, de las cantidades e indemnizaciones correspondientes. Si la empresa no abona dichas cantidades, el trabajador debe instar la ejecución del título judicial, con la finalidad de obtener bienes y derechos en cuantía suficiente para cubrir la totalidad de la deuda, intereses y costas. Iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias, si no se encontrase bienes o derechos, el letrado de la administración judicial dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, decreto que permite al trabajador, en el plazo de un año, exigir la responsabilidad al Fondo de Garantía Salarial.

En el segundo caso, es decir en los supuestos de declaración del concurso, que procederá en los casos de insolvencia del deudor, el Juez de lo Mercantil decidirá sobre los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor respecto de su patrimonio, así como el nombramiento y las facultades de los administradores concursales.

En estos supuestos, se incorporará a la masa del concurso los créditos reconocidos por resolución judicial o reconocimiento de la empresa y será el certificado del administrador concursal, con la relación de los créditos adeudados, el documento clave para exigir responsabilidades al fondo, con los mismos limites que los señalados para el caso de insolvencia.

Cuando el Fogasa, abona al trabajador las cantidades e indemnizaciones con el límite de sus responsabilidades, el Fondo se subrogará en los derechos del trabajador en la cuantía abonada.

Comentarios (1)

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PALOMA

Enviado el

En el caso que se levante el concurso de acreedores, de una empresa que sigue funcionando tras un ERE, tiene la empresa que abonar a los trabajadores afectos al ERE, las diferencias en los salarios e indemnizaciones, que el FOGASA, no satisfizo por superar los limites de los 120 días al año??.

Tiene el trabajador que reclamarlo judicialmente?